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Cuando viajamos cuidamos nuestro equipaje, para que no sufra desperfectos, no se pierda, no nos ocasiones problemas de retraso su embarque o desembarque, etc. En ocasiones, por gestión de compañías de transporte, agencias de viaje, o cualquier otra empresa que gestione nuestro viaje, pueden ocasionarse incidencias.

Si no se nos ofrece una solución en el momento, tenemos la opción de interponer reclamaciones.

Entre los objetivos de la reforma de la ley de autónomos, está el potenciar el empleo por cuenta propia, ayudando a los emprendedores con una disminución de las trabajas burocráticas y más ayudas y subvenciones.

La nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo surge a raíz de una iniciativa de ciudadanos, fruto de un proceso de negociaciones entre los partidos principales del arco parlamentario, y las asociaciones principales de autónomos.

El derecho, como se conoce hasta ahora, se basa en la recaudación de información y pruebas en dónde todo tiene validez siempre y cuando esté escrito en papel, firmado de puño y letra y debidamente sellado. Pero todo ha cambiado desde que entramos en la denominada  “Revolución informática”.

Ha sido tal el avance en el mundo de la tecnología y las comunicaciones, que el sistema legislativo no podía simplemente quedarse en su misma posición, viéndose en la necesidad de adaptarse, no para sobrevivir, sino para formar parte de esta nueva era donde todo es más fácil, cómodo y accesible.

Con el inmenso crecimiento tecnológico, muchos sectores se han acoplado para hacer de sus productos y servicios una mejor opción. Pero el sector jurídico es uno de a los que más le ha costado sumarse a esta tendencia, de hecho, no hay forma en la que el derecho aún no se relacione  con papeles, documentos y términos incomprensibles. Pero a pesar de esto, apareció el concepto Legaltech.

Todo lo que involucre la negociación de dos intereses diferentes para el beneficio mutuo es un acuerdo, y el contrato legal es el respaldo que obliga a que la palabra de cada quien no se las lleve el viento. De lo contrario, se pueden tomar acciones legales para reprender al faltante. Comprar, vender o alquilar un bien o servicio, e incluso la unión conyugal requieren de un documento que formalice la decisión de los afectados.

"No nos hemos transformado digitalmente ni lo vamos a hacer en muchos años", asegura el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. El magistrado sostiene que "es un problema porque el mundo sí lo ha hecho y esto hace que la Justicia se quede más atrás".

Velasco -que participó en el debate La economía de la Justicia, organizado por la Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) y el despacho Quecedo Abogados- considera que, para mejorar la Justicia española, lo primero es "racionalizar" el uso de las nuevas tecnologías. "Sería lógico pensar que para tomar declaración a un preso no sea necesario trasladarlo, que tiene unos costes altísimos", señala. "Se podría hacer mediante videoconferencia de manera habitual", añade.

La implantación de la inteligencia artificial en los bufetes está obligando a los abogados a replantear una profesión en la que, en un futuro muy cercano, no sólo valdrán los conocimientos técnicos sino la capacidad de trabajar con estas herramientas.

La inteligencia artificial ha llegado al sector legal para quedarse. Aunque su presencia aún es muy tímida en la mayoría de los despachos de abogados, las firmas más potentes ya han encargado estudios internos para valorar su impacto o han dado sus primeros pasos para integrar estos programas. El objetivo no es otro que aumentar la rentabilidad en una época en la que los honorarios se encuentran en un ajuste constante.

El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo. "Altera el derecho del juez predeterminado por ley reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, ya que impide que los jueces competentes con arreglo a los criterios legalmente establecidos tengan conocimiento de los litigios sobre materia hipotecaria", señala la Abogacía en un comunicado.